La Diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Nuevo León, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal con el propósito de eliminar restricciones consideradas discriminatorias en el reconocimiento del concubinato y garantizar el acceso efectivo a derechos como la seguridad social, la igualdad y la protección de las familias.
La propuesta plantea una actualización integral del marco jurídico vigente, a fin de sustituir criterios basados en plazos o condiciones rígidas por un modelo centrado en la acreditación de una vida en común, constante, pública y estable, sustentada en la voluntad de formar una familia.
De acuerdo con el proyecto, el artículo 291 Bis redefine el concubinato como la unión de dos personas que, sin estar unidas en matrimonio entre sí y sin impedimentos legales para contraerlo, hacen vida en común de manera constante, pública y estable, con la intención de formar una familia. Asimismo, se establece que dicha relación podrá acreditarse por cualquier medio de prueba que demuestre la convivencia efectiva ante la autoridad judicial competente.
En el artículo 291 Bis I se reconoce que las personas concubinas tendrán derechos y obligaciones recíprocas en materia alimentaria, sucesoria y de seguridad social, así como aquellos previstos en el propio Código Civil y demás disposiciones aplicables. Dichos derechos y obligaciones se generarán desde el inicio de la convivencia, siempre que se acrediten los elementos del concubinato.
Por su parte, el artículo 291 Bis 2 establece que los derechos derivados del concubinato podrán reclamarse en cualquier momento ante la autoridad judicial, siempre que se acredite su existencia conforme a la ley. Asimismo, se precisa que ninguna autoridad podrá exigir requisitos adicionales de temporalidad o condiciones que restrinjan de manera injustificada el acceso a dichos derechos.
La legisladora destacó que la iniciativa se sustenta en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente la resolución del 10 de febrero de 2026, que declaró inconstitucional la exigencia de un plazo mínimo de convivencia o la existencia de hijas o hijos en común para el reconocimiento de derechos derivados del concubinato.
Dicha resolución, señaló, refuerza los principios de igualdad y no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al reconocer que los modelos de familia no pueden sujetarse a criterios rígidos o arbitrarios.
Asimismo, la propuesta retoma estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, protección a la familia y seguridad social, contenidos en la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La diputada subrayó que la reforma busca armonizar la legislación estatal con el principio pro persona, privilegiando en todo momento la interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos.
“Esta iniciativa reconoce la diversidad de las familias en Nuevo León y busca garantizar que el marco jurídico responda a la realidad social. Se trata de avanzar hacia un sistema más justo, incluyente y respetuoso de la dignidad de las personas”, afirmó la legisladora.
Con esta propuesta, se busca fortalecer la protección jurídica de las familias en sus diversas formas y consolidar un marco legal más equitativo, en el que el bienestar y la dignidad de las personas sean el eje central del derecho civil en el estado.