No hay ningún delito que perseguir

Por Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Con motivo de la ceremonia de entrega de la constancia como diputada plurinominal electa para integrar la LXXV Legislatura del Poder Legislativo de Nuevo León, que la Comisión Estatal Electoral llevó a cabo el pasado jueves 12 de julio, me permití difundir el siguiente comunicado:

A la Opinión Pública:

Los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad” (los Cendis) fueron fundados en 1990 y desde 1994 reciben una Aportación Federal aprobada cada año por la Cámara de Diputados y por el Congreso del Estado.

Dicha Aportación para el fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil es transferida por convenio entre SHCP y la SEP a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que a su vez la transfiere a la Secretaría de Educación Estatal para su ministración mensual a los Cendis, con el fin de que solventen los gastos inherentes a la operación y prestación de sus servicios educativos.

El manejo de los recursos es revisado cada trimestre por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoria Superior del Estado. En más 24 años de ser auditados, los Cendis no han recibido observación alguna por irregularidad contable, ni se le ha fincado ninguna responsabilidad administrativa.

Sin embargo, el 10 de agosto del 2017, la SHCP remitió a la PGR denuncia de hechos contra su servidora y/o quienes resulten responsables por el delito de ¡operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo!

Por el supuesto delito de terrorismo -el cual en México no existe, según las propias autoridades han declarado-, la PGR instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias a mi nombre, dejando sin sueldo a 702 trabajadores, sin alimentos a 7-siete mil niñas y niños y sin gastos de operación a los Cendis.

Todo lo anterior sin mediar notificación alguna, sin apego al debido proceso legal y en franca violación al interés superior de la niñez en sus derechos a la educación obligatoria, gratuita y de calidad (Artículo Tercero Constitucional) y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (Artículo Cuarto Constitucional).

Con justa razón y después de varias movilizaciones de protesta, el Gobierno del Estado pagó salarios, alimentos y operación mensual de los Cendis de agosto a diciembre del 2017 de una Aportación Federal de 80 millones recibidos en el 2015. En lo que va del 2018 ministra la Aportación Federal conforme al convenio de transferencias y con base en las disposiciones del Acuerdo Administrativo del 8 de diciembre del 2010.

Mediante dicho Acuerdo la Secretaría de Educación designa a la Directora General de los Cendis y le otorga poder cambiario para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, así como la responsabilidad del manejo de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, con la obligación de rendir cuentas trimestralmente y de manera extraordinaria cuando la Autoridad Educativa así lo solicite.

Es importante destacar que siendo Gobernador Interino de Nuevo León, el Lic. Manuel González Flores públicamente informó que no se detectaron irregularidades en el manejo de recursos de los Cendis durante las diferentes auditorías realizadas en esta administración, por lo cual declaró que “no hay de qué perdonarlos. No han sido culpados de absolutamente nada” (El Norte 05/Abr/18).

Resulta claro que la PGR desató una persecución política, sin ningún fundamento legal, por el sólo hecho de pensar y actuar políticamente diferente al PRI-Gobierno. Todo a consecuencia de la decisión del PT de apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, para lo cual utilizó todas sus artimañas para cerrarle el paso en el pasado proceso electoral y utilizó vergonzosamente a la PGR como instrumento represivo.

Más temprano que tarde, la PGR tendrá que desbloquear y reintegrar los 80 millones de pesos que le aseguraron a los Cendis en agosto del 2107, al haberse ejercido 20 millones de enero a julio del 2017 en salarios, alimentos y gastos de operación, cantidad auditada en los dos primeros trimestres de ese año sin presentar reportes de irregularidades.

No hay ningún delito que perseguir. Esa es la conclusión y quien quiera más claridad que indague.