Lupita Rodríguez
Democratizar nuestro sistema político a través de un auténtico proceso de participación ciudadana, es una de las causas de lucha que emprendimos desde hace 34 años como Partido del Trabajo y la cual hemos sostenido en la búsqueda de hacer realidad nuestro lema central de ¡todo el poder al pueblo!
En esta causa para empoderar al pueblo, consideramos necesario inscribir más instrumentos de la democracia directa en la nueva Constitución Política de Nuevo León, promulgada el primero de octubre del 2022, ya que la Ley de Participación Ciudadana los contempló desde el año 2016.
Es importante que la Constitución incluya más modalidades democráticas para detonar la transformación de nuestra vida social, política, económica, ambiental y cultural. Para ello, proponemos adicionar las siguientes figuras de la democracia directa, participativa y representativa:
1.- Los consejos consultivos, para asesorar, opinar y evaluar programas, acciones y proyectos de la administración pública.
2.- Las asambleas ciudadanas, como órganos de consulta popular para representar, deliberar y decidir sobre asuntos comunitarios.
3.- La afirmativa ficta, para que los servidores respondan al derecho de petición en tiempo breve, so pena de que se resuelva a favor del peticionario.
4.- La colaboración ciudadana, para colaborar en la ejecución de alguna obra o la prestación de algún servicio público, colectivo o comunitario.
5.- Las acciones afirmativas, para aplicar medidas temporales hasta remediar situaciones de desigualdad y discriminación que afectan a personas.
6.- Las plataformas de participación digital, para participar en algunos de los instrumentos mediante las nuevas herramientas de la tecnología digital.
Si incluimos estos procesos de participación ciudadana en la Constitución y además con fuerza de ley constitucional, avanzaremos en la ruta de desarrollo democrática, para que las y los nuevoleoneses, sobre todo las clases obreras y trabajadoras de la ciudad y del campo, ejerzan el derecho y la obligación de participar en forma organizada y proactiva en las decisiones públicas.
Otorgar carácter constitucional a la Ley de Participación Ciudadana no solamente es darle una jerarquía superior ante las denominadas leyes ordinarias. Es situarla como parte de la Constitución para incentivar la participación del pueblo más allá del derecho-deber de votar cada tres o seis años.
Actualmente, para ejercer el derecho a la participación ciudadana en las decisiones públicas del Estado y de los municipios, la Constitución establece los siguientes instrumentos como mínimos:
1.- La consulta popular, para aprobar o rechazar mediante plebiscito o referéndum todo acto o decisión de trascendencia social de los poderes o cualquiera de los Ayuntamientos.
2.- La consulta ciudadana, para aprobar o rechazar un acto o una decisión de interés colectivo del Ejecutivo o del Legislativo o de los Ayuntamientos.
3.- La iniciativa popular, para promover iniciativas o reformas de leyes ante el Congreso del Estado o de reglamentos ante el Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos.
4.- La audiencia pública, para proponer acuerdos, hacer peticiones y presentar quejas directamente a los poderes estatales y los Ayuntamientos.
5.- Las contralorías sociales, para fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno y la eficiente aplicación de los recursos del erario.
6.- El presupuesto participativo, para elegir y definir proyectos de obra o ejecución de programas a cargo del presupuesto de egresos estatal o municipal.
7.- La revocación de mandato, para que a través del voto libre, directo, secreto y universal se decida la terminación anticipada del periodo para el cual fueron electos el Gobernador, presidentes municipales y diputados locales.
Consideramos que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será la instancia que garantice promover todas las modalidades participativas vigentes y las de nueva incorporación que proponemos.
Con esta propuesta de reforma a los artículos 58 y 95 de la Constitución Política local, buscamos coadyuvar a revertir nuestros problemas estructurales de pobreza y desigualdad, inseguridad y violencia, corrupción e impunidad, mediante el fortalecimiento de la democracia en la sociedad.
El tema de la participación ciudadana está incluida en la Agenda Temática Mínima para el actual Período Ordinario de Sesiones y esperemos que los grupos legislativos representados en el Congreso aprobemos esta reforma para contribuir a una sociedad más democrática, libertaria e igualitaria.