Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo (del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra la cultura.”
Tal es lo que dispone la fracción V del Artículo Tercero de la Carta Magna desde noviembre de 2002, una vez que se reformó para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar, reforma en la que se logró incorporar la educación inicial a la Constitución, al incluirla como una opción de los tipos y modalidades educativas que el Estado promoverá y atenderá.
Dicha reforma fue el primer paso en nuestra lucha para establecer la educación inicial como obligatoria desde los 45 días de nacimiento a los 4 años de edad, derecho que también estuvo a punto de consagrarse en el texto constitucional de no ser por el entonces presidente Fox, quien consideraba la educación un gasto financiero en lugar de una inversión en capital humano.
Es la lucha por universalizar la educación desde la primera infancia, la cual emprendimos desde octubre del 2000 con la creación de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad” y en la que hemos perseverado porque la educación inicial debe ser una garantía constitucional para niñas y niños como sujetos de pleno derecho, así como una política pública porque representa la mejor inversión social cuando se lleva a cabo antes, durante y después de la concepción.
La base fundamental de los países desarrollados es, precisamente, la formación integral, armónica y de excelencia de capital humano desde la educación temprana, apuesta que también los países en desarrollo llevan a cabo para que sus familias superen las condiciones sociales y económicas de rezago, dejando atrás la visión de que sus niñas y niñas solamente deben asistir a las escuelas para recibir educación preescolar o primaria.
Vista así, la educación es la llave de la transformación que requiere nuestro país en esta etapa histórica de gobierno popular que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por ser la educación la llave del motor del desarrollo para abatir nuestros problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de inseguridad y delincuencia, de corrupción e impunidad.
Está comprobado que el derecho a la educación y a la salud conllevan beneficios sistemáticos para el desarrollo social, político, económico y cultural de las sociedades, al fomentar su cohesión, generar la paz, mantener la estabilidad, promover la innovación y fortalecer las instituciones.
Pero, lo más importante son los resultados para niñas y niños en condiciones de mayor marginación o de familias de escasos recursos o de madres trabajadoras que no tienen donde dejar a sus menores hijas e hijos mientras laboran, pues la educación inicial trasciende en su desarrollo, en sus capacidades y en sus cualidades humanas por el resto de sus vidas.
De manera reiterada hemos señalado que Premios Nobel como James Heckman y Amartya Zen e, incluso, Julio Iglesias, quien estuvo al frente del Banco Internacional de Desarrollo (BID), instan a los gobiernos a invertir en educación temprana no solo para obtener un retorno de 1 a 18 dólares de la inversión, sino porque a largo plazo significa un mayor estado de bienestar, al disminuir la pobreza, mejorar la salud, elevar los aprendizajes e incrementar la productividad laboral, así como disminuir la criminalidad.
La educación es la más alta función del Estado y es un derecho humano de naturaleza progresiva y no regresiva. Por ello, confiamos que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador –quien en el 18avo Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, celebrado en octubre del año pasado, recogió el planteamiento de impulsar la educación temprana–, vaya más allá de una fe de erratas para reincorporar la educación inicial en su iniciativa de reforma a la fracción V del Artículo Tercero Constitucional y abandere la lucha para que sea un derecho fundamental de toda la niñez mexicana y forme parte de la educación pública, universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia.
Juntos hagamos que la educación inicial sea la llave para trasformar a México y para que cada persona abra la puerta de su futuro.
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