El bombazo al Cendi no se olvida

Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- La suspensión y clausura de las puertas de acceso a la Escuela Primaria “Jean Piaget”, adscrita al Centro de Desarrollo Infantil 12 del Frente Popular “Tierra y Libertad”, por supuestos riesgos en las instalaciones, no solamente dejaron sin clases a más de 110 alumnos, sino que evidenciaron el trasfondo de las autoridades municipales de San Nicolás de los Garza y, lo más grave, violentaron el derecho constitucional a la educación.
La medida resultó una burda aplicación del Reglamento para las Construcciones en el Municipio y puso aún más en evidencia las ocultas intenciones del gobierno municipal de destinar a otros fines el edificio escolar y el bien inmueble ubicado en la colonia Villa Universidad.
Causa asombro que el Alcalde sustituto de San Nicolás, Alfredo Cuadra Tinajero, haya declarado que “no voy a permitir presión de nadie, sea de quien sea. Yo voy a cumplir los reglamentos al pie de la letra”, cuando tiene pleno conocimiento de que tanto el edificio como el terreno son propiedad municipal, ya que fueron adquiridos con recursos federales para fines educativos y, desde hace siete años, el propio Cabildo acordó otorgarlo en comodato al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación.
Mayor azoro provoca que el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento sostengan que la suspensión y clausura fue para velar por la seguridad de los niños debido a las obras de remodelación del plantel, al declarar ingenuamente que el Cendi 12 no cuenta con permiso de uso de suelo.
En primer lugar, los trabajos de remodelación ni siquiera han iniciado, pues dichas obras son un compromiso del Municipio desde hace siete años. En segundo lugar, el permiso de uso de suelo está vigente desde hace 24 años, ya que el permiso se trasladó con la venta del edificio (antes Colegio Americano) al Municipio, compra hecha con recursos federales gestionados por el PT.
Sí realmente desean llevar a cabo la remodelación del edificio, sería ilógico que el propio Municipio se auto-imponga una obligación que el Reglamento para las Construcciones no le impone. El artículo 39 establece que las construcciones que no requieren Licencia de Construcción son: la reposición y reparación de pisos; la pintura y revestimiento de interiores y exteriores; la reparación dentro del predio de tuberías, equipo e instalaciones eléctricas; la división de interiores; la impermeabilización y reparación de azoteas; las obras urgentes para prevenir accidentes y, el cambio y colocación de vidrios. En todos estos casos, se exige solamente la protección necesaria para las personas, ya sean trabajadores o transeúntes.
Lo cuestionable es que esta nueva acometida se suma a una serie de acciones que impiden que la Escuela Primaria ‘Jean Piaget’ alcance su pleno funcionamiento. Por ello, es una comunidad educativa donde no se olvida –esto nunca lo dejaremos de señalar–, que el 17 de febrero del 2014 fue lanzado un artefacto explosivo de fabricación casera (bomba molotov) al patio de la Escuela, el cual detonó un minuto antes de que cerca de 80 niños y 20 maestros y empleados salieran a entregar a los menores a sus madres y padres; estallido que gracias a Dios no causó lesiones humanas, ni daños físicos.
Transcurridos cuatro años y medio que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido para integrar la carpeta de investigación, a la fecha no ha esclarecido los hechos, ni fincado responsabilidades al presunto autor intelectual y material del atentado: un migrante que trabajaba en un taller de lavado de autos aledaño a la Primaria y quien ‘confesó’ ante la Policía Ministerial que “llenó una botella de plástico de medio litro con ácido y pedazos de papel aluminio, la cual lanzó al patio del centro infantil”.
El momento exacto del estallido fue grabado por las cámaras de video del Cendi y, según testigos, la explosión fue similar a la de un transformador. Pero, de acuerdo con la Policía, el artefacto tenía la potencia para causar quemaduras de primero, segundo y tercer grado, así como dañar los oídos y activar las alarmas de los automóviles estacionados en las calles cercanas.
Por la gravedad de que una persona haya lanzado una bomba molotov con aviesos fines y por el ‘carpetazo’ que se le dio a la investigación, nuestra petición al gobierno municipal de San Nicolás es que se ponga de lado de la educación y cumpla con su compromiso de la remodelación y ampliación del edificio escolar, dejando de lado cuestiones políticas y el falso argumento vecinal de que la Escuela provocará caos vial en la zona.
Ninguna Ley o Reglamento debe estar por encima de la Constitución.