Una vez que el Presidente de la República promulgó la Ley de Seguridad Interior a pesar de la oposición de la mayor parte de la sociedad, el Partido del Trabajo anuncia que impulsará a través de su Grupo Parlamentario en el Senado de la República, una acción de inconstitucionalidad, por considerar que dicha norma es nociva y retrógrada, ya que en esencia pretende militarizar al país y coartar los derechos humanos de los mexicanos.
“Lo hemos venido advirtiendo: esta ley es lesiva, es un peligro para los mexicanos, representa una regresión al autoritarismo, coloca a México en un Estado de Sitio permanente, por lo que promoveremos e impulsaremos acciones legales para echar abajo la Ley de Seguridad Interior, incluso no descartamos acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una queja”, dijo Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT.
Cabe señalar que los senadores del PRI, del Verde, Nueva Alianza y algunos del PAN, con su voto consumaron la aprobación de dicha ley y se negaron a escuchar las voces de millones de mexicanos, así como los llamados que hicieron algunas organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional (AI) para evitar la aprobación de dicho precepto.
Además, diversos colectivos ciudadanos e incluso Universidades como la Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara también se unieron al llamado para no aprobar ese ordenamiento jurídico y solicitando su discusión en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, sin embargo, los representantes populares hicieron caso omiso.
El PT reprueba que en la legislación se establezcan restricciones de acceso a la información, situación que ya fue denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sin tener eco en la conciencia de quienes avalaron la Ley.
Este instituto político apela al Ejecutivo Federal para escuchar la voz del pueblo e impedir que se consume este agravio que vulnera los valores democráticos que los mexicanos han logrado establecer a través de la historia.
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