Para inhibir el abandono y maltrato a las personas adultas mayores en las familias de Nuevo León, el legislador Sergio Arellano Balderas presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
Mediante la iniciativa propone que en caso de abandono y maltrato físico, psicológico, patrimonial, emocional o sexual, se aplique una pena de tres a seis años de prisión y multa de 300 cuotas.
“Consideramos que en nuestro Estado el abandono y el maltrato de las personas adultas mayores debe penalizarse con sanciones que inhiban dicha conducta, por ser uno de los grupos más vulnerables”, aseveró el diputado coordinador del Partido del Trabajo.
Dijo que además de las sanciones se contempla la pérdida de los derechos sucesorios para sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado.
“Para el caso de que resultara alguna lesión grave a la persona abandonada, se aplicará de dos a siete años de prisión y multa de 40 a 200 cuotas”, propone en el artículo 335 de Código Penal.
Señaló que las personas adultas mayores conforman uno de los sectores con mayor desventaja social, al ser excluidos o segregados, lo que provoca discriminación de sus derechos.
“Lamentablemente son abandonados inclusive por sus propios familiares, aunque como sabemos no en todos los casos es así, pues quienes gozan de un excelente estado de salud y apoyo familiar”, indicó.
Refirió que a pesar de estar contempladas en leyes internacionales y nacionales, las personas adultas mayores cuentan con poca protección en la realidad, ya que muchas acciones de las políticas públicas no se ejecutan o son insuficientes para mejorar sus condiciones de vida.
Arellano Balderas reconoció que para esta iniciativa se tomaron en cuenta las orientaciones del pionero en la protección del adulto mayor, don Fernando Flores Ancira.
“Sin duda, el primer referente en Nuevo León para dignificar los derechos de los personas adultas mayores, es don Fernando Flores Ancira, creador e impulsor del Instituto Mexicano de Protección al Anciano y del Plan Nacional de Ayuda a los Ancianos en 1977”, dijo
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicias para su análisis y dictamen.
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