Monterrey.- La paz es un principio básico de cualquier democracia. Cuando la violencia toma presencia en una sociedad se vulnera el principio de la paz y, por consecuencia, se ocasiona inestabilidad social, económica y política.
En México, por tres sexenios consecutivos el gobierno no ha logrado detener el avance del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones de violencia y delitos como homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, que representan los objetivos prioritarios del Estado Mexicano en el llamado Pacto por México.
La gravedad del problema es que la cifra de homicidios en lo que va del mandato de Peña Nieto (74 mil 184 asesinatos en el cuarto año de gobierno), rebasaría los 121 mil 193 registrados durante el sexenio calderonista y la misma tendencia ocurriría en materia de secuestros y extorsiones.
En el actual contexto, la violencia debe ser una prioridad para cualquier autoridad cerrar el paso a este mal social, en especial a la violencia de género, debido al elevado número de víctimas. Debemos volver la mirada hacia la violencia contra las mujeres para que ya no aumente y para que se erradique como una práctica socialmente aceptada en México, ya que el 63% de las mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos, un acto de violencia y, en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja, un familiar o conocido.
La violencia de género no sólo es por asesinato, secuestro o extorsión, sino todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, de acuerdo con la ONU.
Sin embargo, la muerte de una sola mujer por violencia de género debe ser motivo suficiente para alarmar a toda una sociedad. Por ello, a pesar de que en Nuevo León estamos por debajo de la media nacional en homicidios de mujeres, con 1.13 casos por cada 100 mil habitantes, según el INEGI, la alerta debe estar encendida.
En lo que va del 2016, hasta el pasado 4 de diciembre, han sido asesinadas 57 mujeres, ya sea por sus compañeros sentimentales, ex parejas, miembros de bandas organizadas o delincuentes del fuero común, situación por la cual la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, terminó por emitir la Declaratoria de Alerta de Género para Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
Aunque la Declaratoria de Alerta de Género llega tarde a Nuevo León ¡más vale tarde que nunca! pues desde el año 2012 la asociación civil Arthemisas por la Equidad, encabezada por Irma Alma Ochoa, la solicitó debido al incremento alarmante de asesinatos de mujeres cometidos a partir del 2006, año en que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.
No sólo resulta urgente aplicar medidas de prevención y vigilancia para recuperar espacios públicos instalando cámaras de videos, mejor alumbrado y transporte más seguro, sino fortalecer los cuerpos de seguridad con unidades de género, con la capacitación de funcionarios y con mecanismos para que las órdenes de protección a víctimas de violencia se cumplan. Además, con la elaboración de protocolos de investigación sobre feminicidios, con campañas de prevención y, primordialmente, con educación para que las mujeres vivan libres de violencia en la familia, escuela, trabajo y espacios públicos.
La tarea es desterrar la discriminación que las mujeres sufren desde la niñez por vivir en pobreza o desigualdad social, especialmente hasta romper las estructurales patriarcales y machistas tan arraigadas en las prácticas, valores y normas de convivencia familiar y comunitaria, agravadas por la impunidad, la insensibilidad y la falta de rendición de cuentas de muchas autoridades responsables de procurar e impartir justicia, cuyos impactos se manifiestan a diario en contra de sus derechos humanos y repercuten no solamente en su seguridad o en su vida, sino en su salud y en su libertad.
Mientras no tengamos claro que la violencia contra las mujeres se caracteriza por su invisibilidad (al no denunciarla), por su normalidad (al justificarla) y por su impunidad (al no juzgarla, ni sancionarla), la Declaratoria de Alerta de Género de poco servirá para erradicar la violencia.
Al igual como en otras luchas, las nuevoleonesas debemos denunciar cualquier tipo de violencia contra la mujer hasta que logremos la transformación social, política, económica y cultural de Nuevo León.
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