* Políticos y gobernantes, beneficiados con subrogación de los servicios
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo alertó sobre el proceso de privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social y los riesgos para la salud de los mexicanos, ya que el IMSS cuenta con 71 millones de derechohabientes.
En conferencia de prensa, Óscar González Yáñez y Ricardo Cantú Garza, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, así como Magdalena Núnez Monreal, Comisionada Política del PT en la Ciudad de México, advirtieron sobre el riesgo que representa para miles de familias la privatización del IMSS.
Consideraron que es muy preocupante esta situación, ya que la salud del 60% de la población depende de los servicios médicos y la seguridad social del IMSS.
Además, denunciaron que arriba del 60% de los trabajadores del IMSS serán despedidos, pues a la fecha 10 mil trabajadores han sido dados de baja de los 410 mil empleados sindicalizados con que cuenta el Instituto.
González Yáñez precisó que hasta el momento el IMSS ha subrogado 30% de sus servicios y que en todo el país se han construido hospitales a través de Asociaciones Públicas-Privadas (APP) o de Proyectos Públicos Sociales (PPS).
“El más caro es el Hospital de Zumpango, donde el gobierno federal y el del Estado de México han invertido poco más de 8 mil millones de pesos y, sin embargo, es un hospital que no presta servicios”, aseveró.
Por su parte, Ismael Bautista, representante de los trabajadores del IMSS, presente en la conferencia de prensa, denunció que la privatización ha sido paulatina y prueba de ello son las transformaciones que ha sufrido la institución.
Bautista expuso que los servicios de Tercer Nivel, en donde se trataban las enfermedades crónico-degenerativas fue transformado en Unidades de Alta Especialidad Médica, las cuales ahora funcionan con autonomía y presupuesto propio, originando un “nido de corrupción y de fuga de recursos”.
Entre otras irregularidades, señaló que otro programa afectado es el “IMSS Prospera”, en el que a nivel nacional se tienen registradas a 12 millones de personas de zonas rurales, “pero estos derechohabientes fueron dados de baja para trasladarlos al Seguro Popular, el cual sólo atiende enfermedades básicas”, dijo.
En este contexto, Magdalena Núñez Monreal manifestó su preocupación por el proceso de privatización de los servicios de salud, siendo que el Estado tiene la obligación de garantizarlos, sobre todo por la grave situación económica que vive el país, en la que los más afectados son los que menos tienen.
Recordó que este mismo proceso se dio en las reformas energética y educativa, políticas con las que se laceran los derechos conquistados por los mexicanos y, en este caso, el derecho de protección a la salud.
“El derecho a la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y es deber del gobierno salvaguardar esta institución pública”, aseveró la dirigente.
Tanto Núñez Monreal como Cantú Garza anunciaron que el Partido del Trabajo realizará una campaña nacional contra de la privatización, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse para impedirla, toda vez que representa un retroceso y una grave violación a los derechos conquistados y establecidos en la Constitución.
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